La comunidad de Huauchinango, Puebla, se vio conmocionada recientemente por un alarmante fenómeno ambiental: las aguas del Río Chiquito adquirieron un inquietante tono rojizo, según reportes de habitantes de la colonia Chapultepec. Este suceso ha despertado preocupación y acusaciones hacia el rastro municipal por presunta contaminación.
Aunque no es de gran caudal, desempeña un papel crucial en la región de la Sierra Norte de Puebla al atravesar varios municipios y abastecer de agua potable a numerosas comunidades, muchas de las cuales son de origen indígena. El incidente, ocurrido el 12 de julio, ha intensificado las alarmas sobre la salud ambiental del área, ya afectada por episodios previos de contaminación.
En redes sociales, varios usuarios expresaron su indignación y atribuyeron la contaminación del río al rastro municipal de Huauchinango. Alegaron que esta no es la primera vez que el agua muestra un color anormal, instando a las autoridades locales a intervenir de manera inmediata para investigar y remediar el problema.
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Ante las crecientes críticas, el ayuntamiento de Huauchinango emitió un comunicado para abordar la situación. En su declaración, afirmaron que el evento de contaminación fue registrado días atrás y atribuido a un posible derrame de productos químicos en la parte alta del río. Sin embargo, aseguraron que en la fecha actual el cauce del río se encontraba en condiciones normales, respaldando sus afirmaciones con imágenes recientes que mostraban el agua con un tono oscuro considerado natural.
¿Ciudadanos recibirán sanción por la contaminación de Río Chiquito?
La controversia ha puesto en relieve la grave preocupación por la contaminación de los cuerpos de agua en la región, un tema que no solo afecta al entorno natural sino también a la salud y la vida cotidiana de las comunidades locales. En este contexto, las leyes mexicanas contemplan severas sanciones para quienes sean responsables de descargas ilegales de aguas residuales en cuerpos naturales como ríos, lagos y lagunas. Según el artículo 416 del Código Penal Federal, los infractores pueden enfrentar penas que van desde uno hasta nueve años de prisión, así como multas de hasta 3 mil días de salario mínimo.
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Las autoridades competentes, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tienen la responsabilidad de prevenir y actuar contra la contaminación ambiental en el país. Sin embargo, la comunidad y los defensores del medio ambiente continúan vigilantes ante nuevas amenazas que pongan en riesgo la salud de los recursos naturales de la región.
Este incidente subraya la necesidad urgente de medidas efectivas y vigilancia constante para proteger los cuerpos de agua que son fundamentales para la vida y el bienestar de las comunidades locales en Puebla y en todo México.